Ministro Roberto Sánchez y su asesora fueron hallados responsables de irregularidades en informes de la contraloría
Informe del diario el comercio pone en aprietos al titular de comercio exterior y turismo
Según el órgano de control, el actual titular del Ministerio de Comercio y Turismo no gestionó debidamente contratos en la Diris de Lima Norte. También señaló a su jefa de asesores como responsable penal de las compras.
La Contraloría
General de la República halló responsabilidad administrativa en el actual
ministro de Comercio y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, cuando este se
desempeñaba como director ejecutivo de la oficina de Administración de las
Direcciones de las Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Norte, en el 2016.
Una acción de
control posterior realizada en el 2019, a la Diris de Lima Norte, encontró que
el actual ministro, quien es presidente de Juntos por el Perú y congresista, y
otros servidores públicos no cumplieron con controlar debidamente los procesos
de contratación con empresas, así como el pago de servicios de mantenimiento de
infraestructura de cinco establecimientos de salud de la capital. La
contraloría estimó que el incumplimiento de las normas de contrataciones por
estos funcionarios perjudicó al Estado por más de S/86.000.
Entre las
irregularidades encontradas por el equipo de auditores figura la desaparición
de un expediente técnico que justificaba un proceso de contratación de
adjudicación directa a una empresa proveedora.
El órgano de
control señaló también que el director ejecutivo de la Oficina de
Administración de Salud, Roberto Sánchez, tramitó el pago a dos contratistas
sin esperar el visto bueno del jefe de mantenimiento y servicios generales tal
como lo exigía el proceso de adquisiciones. Además, Sánchez aprobó otros
expedientes de mantenimiento sin esperar que las observaciones fueran
resueltas, transgrediendo lo dispuesto por la ley de contrataciones.
La contraloría
puso en conocimiento estas evidencias a la procuraduría del Ministerio de Salud
para que inicie las acciones legales contra los servidores y funcionarios
comprometidos. Al ministro Roberto Sánchez se le encontró responsabilidad civil
y administrativa en este control.
Fuente: El
Comercio
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