Defensoría del Pueblo: Gobierno debe cesar todo acto que limite la libertad de prensa
La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su función constitucional de defender los derechos fundamentales de la persona y la comunidad, cuestiona las limitaciones a los derechos a la libertad de prensa e información, acaecidas recientemente en nuestro país:
Las libertades de
información, expresión y la proscripción de toda forma de censura previa son
derechos expresamente consagrados en nuestra Constitución, cuya protección se
encuentra reforzada debido al rol que cumplen en el sostenimiento de nuestra
democracia y el control del poder. El Tribunal Constitucional y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos han remarcado la importancia de estas libertades
y señalado que constituyen frenos para
prevenir toda forma de gobierno autoritario.
Acciones tales
como impedir la presencia de los medios de comunicación en los actos oficiales
del Gobierno (juramentación del gabinete ministerial, transferencia de los cargos ministeriales,
reconocimiento del presidente de la República como jefe de las Fuerzas Armadas
y de la Policía Nacional del Perú); obstaculizar el libre despliegue de la
prensa para cubrir actividades públicas (vacunación del presidente); y que se
desconozca plenamente la agenda del primer mandatario, constituyen actos que
contravienen las obligaciones dirigidas a materializar los derechos antes
mencionados.
Igualmente grave,
es que las nuevas autoridades del Ejecutivo, y en concreto, el presidente del
Consejo de Ministros, desarrollen discursos contra los medios de comunicación.
Imputarle a los medios una “actitud obstruccionista” no se condice con el
perfil democrático que debe tener el portavoz del Gobierno. En el mismo
sentido, es contrario a la Constitución el discurso violentista expuesto por un
parlamentario oficialista contra los periodistas que cubrían una manifestación
ciudadana. Tal discurso, además de atentar contra la libertad de expresión,
colocó en riesgo la vida e integridad de los hombres y mujeres de prensa allí
presentes.
Para asegurar el
libre y efectivo ejercicio de los derechos a la libertad de expresión e
información de la ciudadanía, es indispensable que los medios de comunicación
puedan difundir todos los hechos noticiosos relacionados con la actuación del
gobierno, en la medida que son asuntos de elevado interés público.
Los hechos
descritos constituyen un absoluto contrasentido para nuestro Estado
constitucional, dado que es deber de todas las
autoridades garantizar y proteger derechos fundamentales. Las conductas
descritas no solo son antidemocráticas, sino también constituyen vulneraciones
flagrantes a la Constitución. Por ello,
resulta inaceptable que siendo el Gobierno quien debe garantizar las libertades
de expresión e información en nuestro país, sea él quien las ponga en riesgo
obstaculizando la libre circulación de información y, en definitiva,
transgrediéndolas.
Por las razones
expuestas, la Defensoría del Pueblo considera que el Gobierno debe actuar
conforme Constitución y, en su rol de garante de derechos, facilitar la labor
del periodismo, removiendo los obstáculos que limitan la pluralidad informativa
y asegurando el ejercicio pleno de la libertad de prensa.
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