CONGRESO: APRUEBAN POR INSISTENCIA LEY QUE SANCIONA CON CÁRCEL LA ESPECULACIÓN Y ACAPARAMIENTO
El Congreso
de la República aprobó por insistencia la ley que sancionar el acaparamiento,
especulación y adulteración de productos y servicios durante el estado de
emergencia con 121 votos a favor, 5 abstenciones y 0 votos en contra.
El texto
sustitutorio del proyecto de ley, que modificaría el Código Penal y el Código
de Protección y Defensa del Consumidor, fue aprobado inicialmente el pasado 05
de junio con 94 votos a favor, 0 en contra y 33 abstenciones.
Sin embargo,
a inicios de julio el Poder Ejecutivo decidió observar el proyecto y no
promulgar la norma indicando que vulneraba los principios que rigen la
tipificación de conductas ilícitas.
De acuerdo
con el Gobierno, no existe evidencia empírica ni real que demuestren que la Ley
de represión de conductas anticompetitivas y las medidas administrativas que
protegen el libre mercado hayan fallado.
En el debate
los legisladores insistieron en que, ante el actual escenario de crisis, muchas
empresas habían aprovechado la gran demanda de ciertos productos y servicios
básicos para aumentar excesivamente sus precios.
¿Qué se
sancionará?
Con esta ley
se prohibirá el acaparamiento y la especulación de bienes y servicios
esenciales durante una emergencia. Dependiendo del tipo de falta la pena será
de entre dos y ocho años de cárcel yse sancionará con entre 180 y 365 días de
inhabilitación y multa.
El documento
establece que quienes provoquen escasez o desabastecimiento de bienes y/o
servicios esenciales para alterar sus precios podrían recibir entre cuatro y
seis años de cárcel y 365 días de multa.
Si una
empresa aprovecha su posición en el mercado para restringir o distorsionar la
libre competencia podría tener una sanción de entre dos y seis años de cárcel.
La alteración
de precios de bienes esenciales para la vida o salud de las personas podrá ser
sancionado con cárcel de mínimo dos años y no más de seis.
En caso la falta ocurra durante un estado de emergencia, la pena de cárcel será de hasta ocho años.
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