BANCADAS PEDIRÁN CENSURA DE IBER MARAVÍ POR NO DECIR TODA LA VERDAD
El ministro de Trabajo dijo que quienes lo acusaron de pertenecer a Sendero Luminoso en 1980 fueron torturados por la policía.
Uno de ellos, Alfredo Silvera Flores, se escapó de la cárcel y murió cuando pretendía quemar una hacienda. Dirigente del Sutep desmintió a Maraví y confirmó que fue dirigente del Conare, una organización infiltrada por senderistas.
El ministro Iber Maraví Olarte respondió ante el Congreso al
pliego interpelatorio sobre sus presuntos vínculos con Sendero Luminoso y la
organización prosenderista Conare-Sutep. Alegó que no contaba con ninguna
sentencia condenatoria por uno u otro caso. Sin embargo, legisladores de las
bancadas de Renovación Popular y Avanza País alientan una moción de censura
contra Iber Maraví porque no les han convencido sus respuestas ni deslindes. Al
cierre de edición, estas bancadas tendrían 42 firmas recolectadas para plantear
la censura del ministro de Trabajo. Solo requerían de 33 rúbricas.
Para censurar al ministro son necesarios 66 votos. De
acuerdo con los promotores de la iniciativa, se contaría con los votos de
Fuerza Popular (24), Avanza País (10), Renovación Popular (9) y Alianza para el
Progreso (15), que harían un total de 58. Solo les faltarían 8 votos. No se
descarta que se sumen Acción Popular (16) y Podemos (5), con lo que se
superaría largamente los 66 votos.
Maraví fue interpelado porque en 1981 fue declarado no
habido por las autoridades en un caso que lo implicaba como miembro de Sendero
Luminoso. El ministro presentó las declaraciones de Juan Alarcón Gutiérrez y
Alfredo Silvera Flores, quienes en un principio lo acusaron ante la policía,
pero luego ante el tribunal afirmaron que imputaron a Maraví debido a que
fueron sometidos a torturas.
Iber Maraví arguyó que la rectificación de Alarcón y Silvera
determinó que la justicia ayacuchana archivara su caso, por lo que nunca
recibió condena por terrorismo. Sin embargo, Maraví pasó por alto la continuación
de la historia.
En su declaración ante la PIP, Juan Alarcón no solo señaló a
Iber Maraví, sino también, entre otros, a Edith Lagos Sáez y Orestes Urriola
Gonzales, como parte de la organización senderista que inició la lucha armada
en Huamanga en 1980. Lagos y Urriola son probadamente terroristas.
Después de fugar de la cárcel de Huamanga como resultado de
un asalto senderista al establecimiento, el 2 de marzo de 1982, Lagos se
reincorporó a la lucha armada y murió en combate el 2 de setiembre del mismo
año. En el caso de Urriola, también se reincorporó al terrorismo. Reapareció
como parte del grupo que activó el coche bomba que mató a 17 personas en la
calle Tarata, en Miraflores, el 16 de julio de 1992.
Maraví también presentó el testimonio de Alfredo Silvera
Flores. Al igual que sus compañeros, Silvera manifestó que se autoinculpó como
terrorista y acusó a Iber Maraví porque fue torturado por la policía. Pero
Silvera fue otros de los que huyeron de la cárcel de Huamanga, y se reintegró
al Ejército Guerrillero Popular (EGP), y murió el 26 de marzo de 1982 cuando
trataba de destruir la hacienda Aysarca. Es decir, Alfredo Silvera Flores,
quien dijo que lo habían torturado para imputar a Iber Maraví como miembro de
Sendero Luminoso, era un comprobado terrorista.
Por si fuera poco, Maraví mencionó el caso de otro detenido,
Víctor Reyes Conislla, quien al principio fue otro que lo relacionó con
Sendero. Maraví dijo a los congresistas que además se había rectificado. Pero
resulta que Víctor Reyes también escapó del penal de Huamanga junto con sus
compañeros terroristas.
“A la fecha no tengo antecedente penal ni judicial. Mi
certificado de antecedentes penales y judiciales dice: No Registra”, dijo
Maraví. Luego relató que era común que los atestados policiales fueran
elaborados sobre la base de la tortura aplicada a los detenidos para que se
autoincriminen falsamente como terroristas e impliquen a otras personas, para
lo cual citó el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Pero esa afirmación, como se ha indicado, es discutible. Los que lo imputaron
ante las autoridades, Alfredo Silvera y Víctor Reyes, sí eran terroristas. Y
estos mencionaron a otros compañeros, que luego participaron en acciones
subversivas.
La oposición fustigó la presentación del ministro de Trabajo
y graficó su decepción por sus descargos en cada intervención. “(Maraví) no ha
satisfecho en lo más mínimo los cuestionamientos en su contra, muy por el
contrario, los ha ratificado indirectamente”, dijo el congresista Jorge Montoya
(RP), quien adelantó que pediría la censura.
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